La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) aseguran que “no se puede obligar a las personas que tienen más de 65 años a permanecer aisladas en sus hogares de residencia por tiempo indefinido bajo el criterio de su ‘edad avanzada’”.

En un comunicado conjunto difundido este martes, las organizaciones indicaron que, de lo contrario, “se estará condenando a miles de personas a permanecer aisladas, agravando su situación, si cabe más, y dando lugar a situaciones de vulnerabilidad y soledad”. Por ello, solicitan a las autoridades “establecer criterios alejados del edadismo y no prolongar el confinamiento de las personas mayores sin patologías previa, más allá del que se disponga para el resto de la ciudadanía”.

Las citadas organizaciones reconocen que la crisis sanitaria por el covid-19 “lamentablemente se ha ensañado con más crudeza entre personas de edades avanzadas y con patologías previas”, pero resaltan que “el colectivo de personas mayores no es sinónimo de vulnerabilidad por el hecho de cumplir años”. “Antes que nada, somos ciudadanos de pleno derecho, con derechos y deberes”, revindican.

“Bajo la excusa de ser protegidas, las personas de edades avanzadas corremos el peligro de ver cómo nuestros derechos se ven postergados mucho más que en otros colectivos durante la paulatina recuperación de la libertad de movimientos”.

“No solo corremos el peligro de que nuestros derechos se vean postergados por un criterio ‘edadista’, si no que corremos el riesgo de perder el valor social del mismo, algo que comienza cuando se nos considera como un colectivo uniforme, homogéneo”, denuncian UDP y Ceoma.

“La gran mayoría de personas mayores somos autónomas, mientras otras se encuentran ciertamente en situaciones de vulnerabilidad o con necesidades de cuidados y protección. A todas ellas, el mero hecho de cumplir años no las hace iguales”, subrayan las organizaciones.

El comunicado concluye con una referencia a las residencias de mayores, donde viven 375.000 personas de más de 80 años con pluripatología y dependencia, para lo que UDP y Ceoma piden “aplicar los test de detección del virus a todos los residentes”. En el caso de los que den positivo, “se les debería trasladar a otros centros sanitarios” y para los que den negativo ofrecer “alternativas” como que puedan regresar con sus familiares.